“El Consejo Nacional Electoral sólo regula y controla la campaña de los procesos electorales, no la información”,  precisó la presidenta del Poder Electoral, rectora Tibisay Lucena, durante una reunión con los representantes de los medios de comunicación impresos del país, convocados por el CNE para intercambiar criterios en cuanto a la difusión de la Reforma Constitucional y la próxima campaña electoral.

En el encuentro al que asistieron los editores y directores de los diarios Ultimas Noticias, El Mundo, VEA, El Nacional, Notitarde, La Calle, El Aragueño, El Siglo, 2001, The Daily Journal y Panorama, la titular del ente comicial, dejó claro que el papel de los medios de comunicación es difundir el contenido de la Reforma Constitucional en forma responsable y equilibrada, y que “así como el Consejo Nacional Electoral tiene el deber de educar sobre la cultura de la democracia, los medios también deben hacerlo”.

 “Nosotros no estamos censurando. Aquí hay libertad de expresión y seguirá existiendo. Las opiniones son las opiniones”, expresó la rectora al responder las interrogantes de los representantes de los medios con respecto a la publicación en los diarios de artículos de opinión que promocionen alguna de las opciones, durante la campaña.

La rectora Lucena adelantó que los rectores electorales han previsto dar inicio a la campaña electoral cuando se haga la convocatoria oficial del Referendo de la Reforma Constitucional.

Agregó que se exigirá que la campaña la realicen exclusivamente los bloques que se constituyan ante el Consejo Nacional Electoral, y que esa campaña se efectuará en los términos definidos en las normas que serán aprobadas por la institución.

Constituidas 18 agrupaciones de ciudadanos

La presidenta del CNE también  informó que hasta el presente se han constituido 18 agrupaciones de ciudadanas y ciudadanos, que conjuntamente con las organizaciones con fines políticos, deberán agruparse en bloques por el Sí y por el No.

Igualmente, se precisó que los medios de comunicación podrán difundir encuestas y consultar las opiniones de los ciudadanos y ciudadanas hasta siete días antes de la consulta popular, tal como se ha establecido para procesos anteriores.