La Cancillería venezolana y el Consejo Nacional Electoral acordaron  hacer todo lo posible para asegurar el voto de los venezolanos residenciados en el exterior el próximo 15 de agosto, durante el referendo revocatorio presidencial,  informó el canciller de la República, Jesús Arnaldo Pérez.

Así lo expresó a los medios de comunicación el alto funcionario luego de reunirse este miércoles con el presidente del Consejo Nacional Electoral, Francisco Carrasquero López.

Pérez indicó que en el encuentro con Carrasquero se conversó sobre el reglamento del  voto de los venezolanos en el exterior, aprobado recientemente por el órgano comicial, e intercambiaron ideas sobre la forma cómo se resolverán algunos casos específicos.

Al referirse a los documentos que deberán presentar los venezolanos para ejercer el voto en el exterior, el funcionario indicó que aparte de la cédula de identidad deberán presentar la visa de transeúnte, como la que emite la Cancillería, o de residencia. Acotó que, por ejemplo, los venezolanos que están en Europa como estudiantes,  o por ser esposo o esposa de algún nacional, o por cualquier caso, deberán presentar carta de residentes.

Informó que los venezolanos que estén en el exterior y que haya sido declarados culpables de un delito por algún tribunal, o que tenga los derechos políticos suspendidos por alguna condena, no podrá ejercer el voto en el referendo presidencial del próximo 15 de agosto.

Con relación a la constancia de residencia que se exigirá a los venezolanos que deberán acudir a las urnas en el extranjero para ejercer su voto, el alto representante de la Cancillería venezolana expresó que "estamos en un proceso de adaptación, y es necesario responder a las normas legales establecidas. La exigencia de este documento no es invento de la Cancillería ni del CNE, es simplemente responder a la normativa establecida .

Pérez argumentó que no se puede avalar la presencia de nacionales venezolanos que no tengan una residencia legal o que no estén realizando alguna actividad establecida en dichos países,  no podemos avalar situaciones de ilegalidad, ya que sería contradictorio con las funciones de un estado de derecho", agregó.