El Consejo Nacional Electoral, en virtud de las constantes denuncias emitidas por los factores políticos en contra de la transparencia del Registro Electoral, procedió a realizar una investigación sobre la base de las presuntas pruebas presentadas ante el organismo comicial, por la delegación de alcaldes y gobernadores de oposición, donde se encontraban las cédulas de identidad de los 1.800.000 nuevos inscritos en la data electoral, que supuestamente no poseían información específica de domicilio.

La tarea de verificar los cuestionamientos antes descritos la realizó la Comisión Especial para Depurar el Registro Electoral, presidida por el rector Francisco Carrasquero López, quien expuso que los resultados obtenidos luego de un minucioso estudio técnico arrojaron que sólo 2,1%, es decir, 40.283 ciudadanos del número presentado por los actores políticos denunciantes, aparecen en la data sin poseer una dirección cabalmente detallada, lo cual equivale a un 0,2% del universo de electores inscritos en RE; el resto concreta una referencia de habitabilidad dentro de los campos de información referentes a estado, municipio o parroquia.

Dentro de los argumentos presentados por Carrasquero,  recordó que esta Comisión fue creada por exhortación del Tribunal Supremo de Justicia bajo la sentencia emitida el pasado 28 de junio, la cual inició sus actividades el 9 de julio a propósito de la organización del referendo revocatorio presidencial, e integrada por el presidente del CNE, el rector suplente Carlos Aguilar, Gustavo Lainett, Julián Hernández, Andrés Eloy Barrio, Walter Fernández, Antonio Lujan, quienes respaldaron los argumentos aquí expuestos. Igualmente resaltó que en la investigación también estuvo el director de la Oficina Nacional de Registro, Félix Arroyo.

Carrasquero dejó establecido como falso que 1.800.000 electores fueran inscritos en la base de datos sin completar las informaciones que expresamente están contenidas en la normativa eleccionaria, y estimó necesario hacer un llamado a los actores políticos a que  no traten de impedir la realización de los comicios del 31 de octubre .

En manos del TSJ calificar postura de la rectora Mejías

A juicio del presidente del CNE, la posición tomada por la rectora Sobella Mejías debe ser calificada por el Alto Tribunal, pues considera que asumió una evidente parcialización hacia los actores políticos  cuando denunció al rector Jorge Rodríguez como culpable de las irregularidades que fueron presentadas ante el ente comicial, sin esperar a que una investigación fuera realizada.